En España el 99 por ciento de la población dispone de una farmacia en su lugar de residencia, dos tercios de las farmacias se encuentran fuera de capitales de provincia, 2.128 farmacias están ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes y 1.208 en municipios de menos de 500. Con todo, los sistemas de guardias proporcionan cobertura las 24 horas del día y todos los días del año. Con este respaldo el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha dado un paso más encaminado a convertirse en uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud.

Para ello, la Organización Farmacéutica Colegial ha elaborado dos documentos que recogen, por un lado, las propuestas de la profesión para ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en materia de salud pública y, por otro, las experiencias que ya están en marcha. Procedimientos que avalan las demandas y que ya están implantados en algunas comunidades autónomas.

Son el resultado de la necesidad que se puso de manifiesto cuando estalló la pandemia de la COVID-19 y el papel capital que han jugado en esa coyuntura los farmacéuticos. De ahí también la necesidad de reforzar y ampliar sus capacidades con el fin de que el Sistema Sanitario pueda responder ante futuras amenazas sanitarias globales, aspecto que se recoge en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

La experiencia desigual de las comunidades autónomas

Lo que se busca es que los farmacéuticos ejerzan más funciones como agentes activos de salud pública de cara al futuro marco normativo. El mapa de nuestros país es asimétrico en este terreno, según el informe ´Experiencias en el ámbito de la salud pública desarrolladas en la red de farmacias comunitarias´. Actualmente existen once comunidades autónomas donde las farmacias participan en programas de mantenimiento con metadona; en nueve son parte de diferentes programas de detección de enfermedades ocultas (como diabetes, VIH o cáncer de colon); y en ocho desarrollan programas de cesación tabáquica. Además, en otras seis actúan como sensores sanitarios y sociales para detectar problemas de salud, a través de programas de farmacovigilancia o detección temprana de posibles reacciones adversas de los medicamentos.

“Las propuestas manifiestan nuestra capacidad para actuar como agentes de salud pública, aportando soluciones eficaces en ámbitos como el cribado y detección precoz de la enfermedad o la realización de estudios de prevalencia”

Jesús Aguilar, presidente del CGCOF

Además, las Redes Autonómicas de Farmacias Centinelas funcionan en seis comunidades autónomas (Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra). Actúan como sensores sanitarios en materia de farmacovigilancia, detección temprana de posibles reacciones adversas de los medicamentos y otras acciones puntuales demandadas por las administraciones. Es el caso del estudio de seroprevalencia sobre vacunas frente a la COVID-19 desarrollado en Castilla y León, cuyos resultados contribuyeron a la toma de decisiones en el ámbito de la vacunación de forma temprana.

Medidas para tomar posiciones

El documento ´La Profesión Farmacéutica ante el nuevo paradigma de la mejora de la salud pública´, incluye diez propuestas que están alineadas con la Estrategia en Salud Pública. La principal demanda del CGCOF es aprovechar la capilaridad de la red de farmacias e integrarlas en los programas de salud pública y salud comunitaria para garantizar la equidad. Para ello, pide incorporar a las farmacéuticas y a sus organizaciones colegiales en el Centro Estatal de Salud Pública, así como habilitar el acceso de los farmacéuticos, como profesionales sanitarios, a la especialidad de Salud Pública.

Por otro lado, establece la necesidad de ampliar la red de vigilancia en salud pública con las farmacias centinela, debido a su capacidad de realizar estudios de seroprevalencia. Una cuestión que va de la mano de la necesaria creación de la Red Nacional de Farmacias Centinela en Salud Pública.

Asimismo, proponen que se cuente con la Organización Farmacéutica Colegial para la identificación y control de la publicidad de productos, actividades y servicios con pretendida finalidad sanitaria, así como pseudoterapias; incluir a los establecimientos sanitarios como estructuras de apoyo para responder a las necesidades de información en salud pública; y la participación activa en las estrategias y programas que promueven tanto estilos de vida saludables como la prevención de la enfermedad.


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