La farmacia es una de las grandes oportunidades para vertebrar y cohesionar aquellos territorios con poca población. Esta es la principal conclusión de una jornada que ha celebrado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) en el Senado y que ha reunido a representantes institucionales y políticos para visibilizar las necesidades de los farmacéuticos rurales y la importancia de su función. “El modelo de farmacia es una conquista social de todos los ciudadanos”, expresaba Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, que ponía el foco en cómo la farmacia rural es un vector de arraigo que frena la pérdida de población y supone un motor económico para la sociedad.

“El acuerdo social y político en torno a la farmacia debe ser un motor para pasar de las palabras a los hechos”

Jesús Aguilar, presidente CGCOF

Los retos demográficos actuales y futuros de nuestro país son complejos y acuciantes. No sólo se trata de la despoblación, hablamos de un envejecimiento paulatino o un aumento de pacientes polimedicados y crónicos. Ahí reside la importancia de las boticas y su capilaridad como recurso vital para mejorar nuestro sistema sanitario y responder a dichos desafíos. A esos problemas se añade las particularidades de la farmacia rural, como es su viabilidad, la necesidad de un índice corrector del margen o el elevado número de guardias sin remuneración. “Contribuimos a fijar la población y favorecemos el empleo, sin embargo, los pequeños municipios se enfrentan a graves problemas”, subraya Raquel Martínez, secretaria general del CGCOF.  

“Contamos con el consenso de que las farmacias podemos hacer más”

Raquel Martínez, secretaria general del CGCOF

Es por ello que, en el horizonte de posibilidades, los servicios asistenciales en el ámbito rural deben ser primero reconocidos y, en segunda instancia, ampliados –a la par que en el resto del territorio—. Por ejemplo, en la dispensación colaborativa, solventar problemas de adherencia, revisión de botiquines para pacientes polimedicados, sistemas personalizados de dosificación (SPD) o seguimiento farmacoterapéutico. Aprovechar el acuerdo social y político en torno a la farmacia “debe ser motor para que las administraciones pasen de la palabra a los hechos”, reclama el presidente del CGCOF. En palabras de su secretaria general, estamos ante una “oportunidad para aprovechar y ampliar las capacidades asistenciales y preventivas. Contamos con el consenso de que las farmacias podemos hacer más”.

Debate político: legislación específica, viabilidad económica e integración en AP

En la sesión hubo espacio para el debate entre diversas fuerzas políticas sobre cómo abordar esta cuestión. En este sentido, es relevante el papel que juegan las Administraciones Públicas, porque no se trata de forma exclusiva de “qué más pueden hacer las farmacias rurales”, sino de “qué más pueden hacer los poderes públicos”, se preguntaba José Manuel Hernando, del PP. El senador ponía como ejemplo el SPD, donde se da una colaboración a tres bandas entre servicios sociales, el SNS y farmacias.

“Necesitamos una legislación específica para la farmacia en el mundo rural”

Secundino Caso, presidente de Red Española de Desarrollo Rural

Uno de los puntos en común atañe a medidas normativas que atajen el problema de las zonas despobladas. “Necesitamos una legislación específica para la farmacia en el mundo rural”, reclamaba Secundino Caso, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Para Beatriz Martín, de Teruel Existe, no se trata sólo de una “nueva legislación, también de utilizar la que ya existe” e incrementar los incentivos fiscales para aumentar el empleo.

“La relación entre farmacia y AP es prácticamente nula”

Alberto Catalán, senador de UPN

Aumentar la cartera de servicios del farmacéutico también fue uno de los grandes planteamientos del debate. Unas funciones que “puedan ayudar a la viabilidad económica y mejorar la cartera de prestaciones de un ciudadano que vive en el entorno rural”, expresaba Francisco Díaz, del PSOE. Unas oportunidades que deben ir de la mano de la Atención Primaria. “La relación entre farmacia y AP es prácticamente nula”, denunciaba Alberto Catalán, senador por UPN. Necesario, para ello, mejorar el acceso de la información sanitaria al farmacéutico y aumentar su capacidad de decisión.

Estas demandas, coincidían los ponentes, se pueden vehicular a través de un pacto de Estado que busque perdurar en el tiempo al margen de siglas partidistas. Y con ello reconocer el trabajo de unos profesionales que permiten, en igualdad y equidad, el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria. La consigna es clara: se debe y se puede hacer mucho más para preservar y potenciar la farmacia rural.


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