A principios de verano, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2023, un normativa que suponía un cajón de sastre al recoger diversas medidas económicas y sociales derivadas de la guerra de Ucrania, la erupción del volcán de La Palma y algunas disposiciones sanitarias como el olvido oncológico. Entre todas ellas, se incluyó un artículo para modificar la Ley de Garantías con el que pretendían dar respaldo jurídico a una iniciativa durante la pandemia y que, con el fin de la misma, tenía fecha de caducidad: la dispensación no presencial de medicamentos hospitalarios (MH).

La entrega de medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) a pacientes no hospitalizados en las farmacias fue una apuesta que empezó durante la crisis de la COVID-19 cuando el Ministerio de Sanidad, a través de una ley para hacer frente a la pandemia, autorizó a las CC. AA. a realizar este servicio a decisión propia. Posibilitaba, pues, el envío a domicilio de de medicamentos de DH o a través de centros sanitarios autorizados, como el caso de las boticas —en España son varias las Comunidades que desarrollaron esta colaboración—.

La aplicación de la norma llegó a término como consecuencia de la declaración del fin de la crisis sanitaria por parte del Ejecutivo; pero al haber “demostrado su oportunidad y acierto” (justifica el RDL) y para evitar que muchas personas dejaran de recibir su medicación en farmacias o en su propio domicilio, el Gobierno decidió incluir de nuevo esta medida mediante la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

El acomodo legal se llevó a cabo con la adición de un apartado (octavo) al artículo tres de la Ley: “Cuando concurran circunstancias sanitarias excepcionales o cuando la situación clínica de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o distancia física del paciente […], los órganos o autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán establecer medidas para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios en modalidad no presencial, […] en establecimientos sanitarios autorizados […] próximos al domicilio del paciente o en su propio domicilio”. Y añade: “El suministro de los medicamentos y productos sanitarios hasta el lugar de destino y su seguimiento farmacoterapéutico serán responsabilidad del servicio de farmacia dispensador”.

Para el Gobierno, esta decisión normativa “supuso un progreso en la gestión de la prestación farmacéutica actual con efectos positivos en la población”, recoge el RDL. De ahí que debiera reincorporarse al ordenamiento jurídico. Pero este conciso apartado en la Ley de Garantías ha despertado críticas, dudas o reticencias en los principales sectores que representan a la oficina de farmacia, tanto comunitario como empresarial.

FEFE: “Esta modificación discrimina gravemente a las oficinas de farmacia”

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) considera que este RDL infravalora la actuación de la oficina de farmacia ya que la responsabilidad de la dispensación recae en los servicios de farmacia hospitalaria (SFH). También supone un “cambio de modelo farmacéutico” que permite el envío de medicamentos y productos sanitarios desde los hospitales a los pacientes “empleando cualquier medio de distribución, incluso diferente a la cadena farmacéutica”.

Sostienen además que la “modificación discrimina gravemente a las oficinas de farmacia” porque no permite estos establecimientos la venta telemática de medicamentos, mientras que las legaliza para las farmacias de hospital. Una situación que permite “la telefarmacia al sector público y la prohíbe para el privado“.

SEFAC: “La modificación relega a la farmacia comunitaria a ser un punto de recogida”

Al igual que entidad empresarial, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) cree el nuevo apartado en la Ley de Garantías supone un “cambio de modelo de la ordenación farmacéutica”, porque abre la puerta a que “todos los medicamentos y productos sanitarios sin excepción son susceptibles de dispensación en modalidad no presencial, aunque no concurran circunstancias sanitarias excepcionales.”

SEFAC considera que la modificación “relega a la farmacia comunitaria a ser un punto de recogida” y reclama una mayor labor asistencial de los farmacéuticos comunitarios en la dispensación, “sea esta presencial o no”. Además no entiende que se regule la dispensación no presencial, pero no se haga, de la misma forma, la dispensación domiciliaria o de medicamentos de ámbito hospitalario en farmacia comunitaria.

ADEFARMA: “En lugar de reforzar el modelo, la modificación abre la puerta a su erosión”

Por su parte, la Asociación de empresarios de Farmacia de Madrid, también se ha posicionado recientemente sobre esta “absurda modificación”. Defienden que se debería haber reforzado el modelo ampliando competencias, en línea con SEFAC, a farmacéuticos de oficina de farmacia. Además argumentan que la actual Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios no pone “ninguna traba a la dispensación de medicamentos de (DH) en las oficinas de farmacia”.


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