El pilotaje puesto en marcha en Andalucía que permite a los pacientes recoger sus medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) en la farmacia comunitaria beneficia a 700.000 mil pacientes de la comunidad y supone un ahorro de 166 euros y 415 kilómetros al año por cada usuario. Rafael Ramírez, responsable del servicio de telefarmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha presentado estos datos durante el 23º Congreso AECOC del Sector Salud.
En su análisis del proyecto Ramírez ha explicado que el servicio tiene un índice de satisfacción del 97 por ciento entre los pacientes y que el crecimiento de la demanda ha hecho necesario invertir más recursos. “Antes de la pandemia teníamos a un solo farmacéutico en el hospital para el servicio de telefarmacia, actualmente son tres más seis técnicos suplementarios para gestionar 150 solicitudes y 200 envíos de medicamentos al día”.
El director de operaciones de Bidafarma, Juan Sanz, explicó que la cooperativa de distribución de productos sanitarios habilita la trazabilidad de los medicamentos enviados desde la farmacia hospitalaria hasta que llegan al paciente y destacó que “el proyecto ha generado un ahorro de 2.000 toneladas de CO2 por el hecho de haber eliminado muchos de los desplazamientos a los hospitales”.
Por su parte el portavoz de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía (FEDEMA), Félix Bravo, explicó que el proyecto “da grandes esperanzas y solo cabe espera que siga creciendo hasta que se universalice”. En este sentido, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Ernesto Cevilla, remarcó que “la pandemia hizo posible este servicio y, si no se mantiene el decreto que habilita que estos medicamentos se puedan dispensar en farmacia comunitaria, los pacientes tendrán que volver a los hospitales”. Una dispensación colaborativa cuya implementación en España ha destacado el Consejo Mundial de Farmacia.
Trabas legislativas para la compra de tecnología
El encuentro también trató la eficiencia del sistema sanitario en la compra de tecnología para hospitales. El subdirector de compras y logística del Servicio Aragonés de Salud, Miguel Carroquino, recordó que la ley de contrato del sector público cuenta con más de 300 artículos, a los que hay que sumar las normativas autonómicas y el código de comercio. “La ley debe ser el instrumento para poder comprar, no una finalidad en sí misma que obstruye la compra”. Coincidió en el análisis el coordinador del proyecto central de compras en Servicio de Salud de Principado de Asturias, Miguel Ángel Berros, que afirmó que “hay un marco que nos restringe mucho” y, en referencia a la eficiencia en la contratación de tecnología, mostró sus dudas sobre si los servicios de salud podrían hacer más con los recursos de que disponen actualmente.
El director de operaciones de Fenin, Pablo Crespo, también reivindicó “la eficiencia de los servicios de salud en España en comparación con los países de nuestro entorno” y recordó que “la prioridad es que la innovación tenga un impacto en el paciente, no crear sistemas de contratación innovadores”. En la misma línea, el subdirector de gestión económica del Servicio Extremeño de Salud, Juan Andrés Moreno, destacó que “hay que poner el foco en el paciente y tener claros los resultados que queremos obtener con la compra de innovaciones”.
