El visto bueno dado este 10 de abril en el seno del Consejo Interterritorial del SNS al nuevo plan para la reforma de la Atención Primaria —si bien solo con el apoyo de las comunidades socialistas, y sin llegar a ser votado—, no ha hecho sino corroborar una nueva desilusión para la farmacia comunitaria. Una desilusión plasmada en la infrautilización de la red de farmacias en esta estrategia para renovar el modelo, pese a ser en muchos casos “la puerta de entrada del paciente al sistema sanitario”, como se recuerda desde la profesión farmacéutica.
Y es que, en un documento de 37 páginas en el que se recogen casi un centenar de medidas a acometer a corto y medio plazo para “adaptar las estructuras de AP” a los retos y necesidades sociosanitarias actuales, las farmacias solo aparecen (en su literalidad) en una de ellas. En concreto, en la acción que alude —de forma muy general e incluso cara al medio plazo— al “establecimiento de protocolos de colaboración entre los equipos de AP y los farmacéuticos comunitarios, con la coordinación de los farmacéuticos de AP, para la conciliación de la medicación, la optimización de la farmacoterapia, el aumento de la seguridad y efectividad de los tratamientos, la mejora de la adherencia y la reducción de la utilización inadecuada de los medicamentos”. En definitiva, labores intrínsecas al ejercicio profesional en boticas y que ya se realizan en estos establecimientos. Ni rastro, por el contrario, a la posible asunción de nuevas funciones ligadas a servicios asistenciales: potenciar los cribados de enfermedades desde las boticas (que ya se realizan en algunas regiones con rotundo éxito), etc..
Así las cosas, la farmacia comunitaria ve pasar otro tren sin ser invitada a subir —pese a su constante ofrecimiento— para su integración “efectiva” en el SNS y revive situaciones pasadas como cuando se presentó un borrador de estrategia sociosanitaria cuyo contenido, si bien nunca llegó a aplicarse, apenas reflejaba la palabra “farmacia” con cuentagotas y de forma vaga. Al menos, de vuelta a este “Marco Estratégico para la reforma de la Atención Primaria”, como se denomina el plan, podría haber sido incluso peor. Y es que esta única acción que involucra a la farmacia comunitaria en protocolos de colaboración fue incluida por el Ministerio de Sanidad en la última versión del documento, la que fue presentada y debatida con las CC.AA en el Consejo Interterritorial. En el borrador anterior ni tan siquiera aparecía.
No obstante, conviene recordar que el protagonismo de la farmacia comunitaria en este proceso ya ‘nació’ torcido desde el minuto uno. En concreto, desde la primera reunión de la mesa de trabajo conformada por el Ministerio con las asociaciones profesionales celebrada el 16 de enero, en la que no había presencia de ninguna entidad farmacéutica. Posteriormente, y tras una propuesta ‘oficial’ de la sociedad médica Semergen, sí fue incluida como miembro del grupo de trabajo la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac). En este sentido, cabe recordar que durante su intervención en el I Congreso Nacional Médico-Farmacéutico organizado el pasado mes de febrero por Semergen y Sefac, el responsable de Estrategia de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, Antonio Pareja, apuntó que el farmacéutico tiene mucho que aportar respecto a la “visión comunitaria” de la Atención Primaria y confirmaba la incorporación de Sefac a la mesa de trabajo, si bien con las reuniones ya iniciadas. Unas reuniones en las que, por otra parte, siempre ha estado presente la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, un colectivo que sí cuenta con más protagonismo en esta reforma.
Ahora bien, falta por ver el recorrido que tendrá esta reforma, dada su aprobación a escasas semanas de unas elecciones generales y la falta de consenso político en torno a ella (quizá influenciado por los cálculos electorales que ya rodean a la cita del 28-A) y las también críticas de diversas entidades profesionales ligadas a la AP. Por ejemplo, el desencuentro ya quedó patente en los momentos previos al inicio del Consejo Interterritorial y se confirmó horas después, cuando todas las comunidades regidas por el Partido Popular abandonaron la reunión y acusaron al Ministerio de poner por delante sus intereses electorales a las necesidades de atención primaria. “El problema es abordar un procedimiento con unas prisas que no entendemos… El documento se nos ha facilitado 36 horas antes de acudir al Interterritorial y ni siquiera tiene el consenso del entorno profesional”, aseguraba el consejero castellanoleonés, Antonio Sáez Aguado.
Así las cosas, solo las CC.AA socialistas, más País Vasco, apoyaron el documento. Más allá del debate partidista, la ministra María Luisa Carcedo defendió el trabajo que se ha realizado en estos tres meses. “Este documento no es del Ministerio sino del Consejo Interterritorial y pretende dar respuesta a las necesidades de Atención Primaria y también retomar algunas de las funciones que la Ley General de Sanidad otorga a primaria”, dijo sobre un documento que, finalmente, no se sometió a votación.
