Alberto Cornejo Santander | viernes, 14 de septiembre de 2018 h |

El Instituto de Formación Cofares (IFC) confía la dirección de su tradicional curso de Santander a Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. El de esta ocasión — la novena edición— ha llevado por lema y temática “La Atención Domiciliaria: continuidad asistencial”. Una vez clausurada la cita, su director ha valorado para EG su desarrollo,.

Pregunta. ¿Qué sensaciones le deja los debates y análisis realizados?

Respuesta. Muy positivas, porque creo que hemos podido sacar conclusiones en un tema de gran interés social y sanitario como es el de atender el reto de la cronicidad y soledad de los mayores. Estas personas, en buena parte dependientes, no quieren estar institucionalizadas en los hospitales y necesitan apoyo, así como los familiares. Se han señalado soluciones desde diferentes perspectivas.

P. Usted es experto en derecho sanitario. Frente a las críticas de otros colectivos, ¿tiene el farmacéutico sustento legal para hacer Atención Farmacéutica Domiciliaria?

R. La Atención Farmacéutica Domiciliaria no es un invento de ahora ni circunstancial. En España, el CGCOF ya elaboró un documento en 2006 y, a nivel internacional, especialmente en los países anglosajones está muy desarrollada. Sí nos ceñimos a lo legal, ya hay un conjunto de normas que puede ser el elemento desde el que construir la Atención Domiciliaria.

P. ¿Por ejemplo?

R. La propia Ley de Dependencia insta a la colaboración público-privada y la teleasistencia. Y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias también pide un trabajo colaborativo. Para ser eficaces, no hay que entrar en guerras entre profesiones sino cumplir con lo que piden estas normativas.

P. También se ha apuntado la importancia de contar, junto a los cimientos legales, de una Estrategia Nacional Sociosanitaria en la que incluir a su vez esa otra Estrategia de Atención Domiciliaria, ¿no?

R. Así es. Nuestra petición es que el abordaje de este nuevo escenario ocupe un lugar relevante en la agenda política, porque hay más de 2,8 millones de españoles mayores de 80 años. No son futuribles, son realidades inmediatas. Y debe abordarse desde una estrategia global y con modelos colaborativos.