Alberto Cornejo Madrid | martes, 08 de octubre de 2019 h |

Nueve meses después de su (obligatoria) entrada en vigor el 9 de febrero de 2019 en todos los estados miembros de la UE, la verificación de medicamentos a la que insta la Directiva Antifalsificación sigue dando que hablar. Tanto por ausencia —EG denunció recientemente la parálisis ministerial en su implantación en hospitales públicos—como por su existencia. Es el caso, por ejemplo, respecto al repositorio creado ex professo para que la industria vuelque la información sobre los productos que posteriormente las farmacias, en el extremo último del proceso, deben desactivar los códigos. Una labor no exenta de dificultades por los problemas que se constatan en origen, en el citado repositorio.

En la Agencia Española del Medicamento —que formó parte del grupo de trabajo continental que desarrolló este repositorio— entonan su parte de mea culpa. “Viendo los problemas que está generando el repositorio, quizá no es motivo de estar orgulloso de su paternidad” ha indicado Manuel Ibarra, jefe del Departamento de Inspección y Control de la Aemps durante su intervención en el VIII Foro de la Distribución Farmacéutica organizado este 8 de octubre en Madrid por la patronal nacional del ramo Fedifar.

El representante de la Aemps ha corroborado que la existencia de estos problemas a la hora de la conexión al repositorio “están haciendo poco grata la verificación”, si bien “se están subsanando las deficiencias del sistema con todos los agentes de la cadena”. Entre ellos la distribución, a la que Ibarra ha agradecido su papel clave como “centinela” en la detección de posibles entradas de falsificaciones de medicamentos en el canal legal. Un problema que, de momento, y al margen de los fallos y retrasos que salpican la verificación, no se ha constatado en España.