Esta semana se conocía la detención en El Campello (Alicante) de un farmacéutico por un presunto delito de estafa al SNS que tenía como actividad final la venta al extranjero de medicamentos facturados pero no dispensados. Días antes el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratificaba a multa de 150.000 euros impuesta a una farmacia por la compra de “cantidades desproporcionadas” de un anticoagulante a fin de realizar “actividades de distribución de medicamentos a farmacias, almacenes, o envíos fuera del territorio nacional”.
Casos así demuestran que, por desgracia, el comercio inverso de medicamentos sigue siendo una realidad en España y la casi imposibilidad de desterrar por completo está práctica. No obstante, puede verse el vaso medio lleno. Lejos de las tramas destapadas hace escasos años (Operaciones Pharmakon, Convector, Noisa) que implicaban a decenas de farmacias y entidades distribuidoras de diversas regiones, ahora parecen predominar los casos, si no aislados, sí de un carácter más particular. Entre medias de este cambio de escenario se sitúa la reforma del código penal en 2015 por el cual las meras sanciones administrativas por comercio ilícito de fármacos daban paso a posibles penas de prisión.
¿Es la reforma del Código Penal la principal causa? En valoraciones a EG, Belén Escribano, jefe del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento (Aemps) sí le otorga un protagonismo directo. “El cambio del marco legal para introducir mayores sanciones ha permitido que bajen radicalmente el número de entidades implicadas, actuando como elemento disuasorio”.
La representante de la Aemps ha participado los días 22 y 23 de septiembre en Salamanca en las XII Jornadas de Inspección Farmacéutica, en la que cerca de 200 inspectores de toda España y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han abordado asuntos como, precisamente, su lucha conjunta ante el comercio ilícito de fármacos. Javier Molinera, miembro del Cuerpo Nacional de Policía y ponente en este encuentro, también confirma a EG una “reducción” de las operaciones de gran magnitud y alcance geográfico. Ahora bien, considera que buena parte de esta “erradicación” se debe “al buen trabajo y mayor control actual de los servicios de Inspección y la Aemps al cotejar las ventas de mayoristas entre comunidades”, apunta.
La jefe de Inspección y Control de la Aemps tambien confirma este intercambio “fluido” de información dentro del Comité Técnico de Inspección (que aglutina a los servicios autonómicos): “se comparten las sentencias de los tribunales para conocer los pronunciamientos de los jueces, se aportan datos de los establecimientos implicados…” enumera. Asimismo, Escribano valora la “imprescindible” colaboración de Policía y Guardia Civil, dado que “muchas veces las actuaciones van más allá del ámbito de la inspección farmacéutica”.
Certificaciones de almacenes
La obliglatoria certificación de almacenes en ‘Buenas Prácticas de Distribución’ también fue otro asunto abordado en estas jornadas. En este sentido, cabe recordar que dichas entidades vienen denunciado disparidad de criterios y tiempos en las inspecciones según cada comunidad —e incluso según cada inspector— que provocaba situaciones como que una compañía tuviese la certificación para algunos de sus almacenes mientras que otras de sus instalaciones, con iguales características, no pasasen la primera inspección.
La responsable de la Aemps da un voto de confianza: “el CTI está haciendo un tremendo esfuerzo por armonizar los criterios, elaborando protocolos prácticos con preguntas y respuestas que faciliten al inspector cómo actuar ante cada situación”. Eso sí, Escribano considera que “la armonización total es muy difícil, son casi 400 instalaciones a inspeccionar”. En concreto 383, de las cuales ‘solo’ 77 están ya certificadas.
