Hubo un tiempo en España, no tan lejano, en este mismo siglo, en el que las oficinas de farmacias tuvieron que convivir —y subsistir— con años de impagos de recetas reiterados y permanentes por parte de sus gobiernos regionales. En los peores años de crisis y de falta de liquidez económica en las arcas autonómicas, algunas Administraciones se convirtieron en deudoras con sus farmacias. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Canarias, Cataluña… La lista fue larga. Una situación que provocó imágenes nunca vistas en este sector: las farmacias yendo a la huelga en diversas ocasiones como medida de presión y una vez agotadas hasta la saciedad otras vías.

Incluso, en algunos cierres de ejercicio como el de 2016, la deuda total de algunas CC.AA con las farmacias por el impago de recetas llegó a rondar los 400 millones de euros, correspondientes a varias mensualidades. Un gran problema que amenazó con desabastecimientos generalizados con el consiguiente riesgo de quiebra del Sistema Nacional de Salud y, por ende, puso en jaque la prestación farmacéutica en España.

Cierre patronal de las farmacias

Aunque las deudas fluctuaban según el ejercicio y/o momentos del mismo —los últimos trimestres se afrontaban con las arcas autonómicas vacías como consecuencia de la histórica infrafinanciación del presupuesto para recetas—, Comunidad Valenciana y Cataluña tuvieron el dudoso ‘honor’ de alcanzar los picos máximos de deudas.

Quizá por ello se entiende que los profesionales de estas regiones fuesen los primeros en dar un paso nunca visto en España: la convocatoria de huelgas en las farmacias y cierre patronal de sus establecimientos. El primer cierre patronal de farmacias en España se produjo el 11 de agosto de 2011 en Castilla-La Mancha. En Comunidad Valenciana, desde que sus boticas cerrasen por primera vez como protesta ante los impagos el 19 de noviembre de 2011, se sucedieron diversas jornadas de huelga. Incluso, en noviembre de 2012, cuando la Generalitat valenciana acumulaba 350 millones de deuda con sus farmacias, se sucedieron hasta una decena de jornadas consecutivas de cierre. Siempre, eso sí, con el establecimiento de turnos rotatorios —se mantenía abierta diariamente una de cada tres farmacias— que permitieron a los ciudadanos seguir accediendo a su medicación.

En el caso de las farmacias catalanas, adujeron por primera vez en su historia a la huelga el 25 de octubre de 2012, para repetir reivindicación el 7 de noviembre de 2013, con concentraciones ante la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona.

“Sálvese quien pueda”

Poco a poco, y en una secuencia de años, estas regiones fueron solventando los impagos. Muchas de las liquidaciones, se produjeron gracias a dotaciones económicas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por parte del Gobierno central. En ocasiones, estas deudas mantenían un perfil ‘guadianesco’, desapareciendo y volviendo a resurgir posteriormente cuando el problema parecía desterrado.

Además, aunque la presupuestación y abono de recetas era (es) responsabilidad autonómica, desde el Ministerio de Hacienda se creó un Fondo de Finalidad Financiera (FFF), como mecanismo de financiación autonómica al que pudieran adherirse aquellas regiones que hubieran cumplido los objetivos de déficit y poder hacer uso de él en el abono de facturas a proveedores de la Administración. Este llegó al ‘rescate’ del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para, entre ambos, intentar acabar los impagos de facturas farmacéuticas a muchas boticas españolas.

Análisis por CC. AA.

En Aragón este FFF permitió acabar con casi tres años de retrasos permanentes de la Administración en el abono de las recetas a sus boticas.
En concreto, fue en octubre de 2012 cuando la Consejería de Sanidad de Aragón envió una notificación a sus colegios farmacéuticos en la que informaba que no podría afrontar el pago de la facturación de septiembre de dicho ejercicio, si bien en origen lo consideró “un retraso puntual que se subsanaría en un futuro y que supondría únicamente “una demora de unos días”. Las previsiones, finalmente, se incumplieron de largo. De “unos días” se dio paso a 30 meses de retrasos permanentes. Que acabaron dos años y medio después con el abono de 25,5 millones de euros por parte de la Administración.

Esta serie de impagos llegaron a provocar problemas de desabastecimiento en las boticas, por ejemplo, en Canarias que durante el año 2012 un 30 por ciento de las farmacias de Las Palmas tuvieron un suministro limitado de medicamentos por el impago de las recetas. Además, los farmacéuticos temían que se rompiera la cadena de suministro si los impagos seguían alargándose, ya que las farmacias no podrían hacer frente a las facturas de los proveedores y éstos dejarían de darle medicamentos.

Como ocurría en Cataluña y Comunidad Valenciana, la Federación Empresarial de Farmacéuticos de Canarias (Fefarcan) llegó a amenazar con un cierre patronal si el Gobierno canario no abonaba la deuda que mantenía con las farmacias regionales, que en 2012 se situaba en torno a los 70 millones de euros.

Baleares fue uno de los ejemplos de cómo ‘agarrarse’ a todos los mecanismos de financiación posibles para intentar llevar al día los abonos a sus farmacias. Y es que, gracias a las diversas partidas recibidas del FLA, su consejería de Sanidad redujo periódicamente la deuda con sus boticas —no sin cierta idiosincrasia respecto a plazos y cantidades— hasta que a finales de 2014 pudo poner el contador a cero, al aprobar el Consejo de Gobierno balear una ampliación de crédito por 25,1 millones de euros para incrementar el presupuesto anual destinado al abono de facturas a sus boticas.

Mientras, las farmacias de la Comunidad Valenciana recibieron el 31 de octubre de 2017 la mejor de las noticias con el último pago de las recetas dispensadas que todavía no habían cobrado. En concreto, un montante total de 202,6 millones de euros, correspondientes a la factura retrasada de agosto (101 millones de euros), junto al pago en tiempo y forma de la factura de septiembre (101,6 millones de euros). Ello supuso el fin de la deuda que desde 2008 mantenía abierta la Generalitat con estos establecimientos.

Cataluña, fue la última en ponerse al día. Desde julio de 2010, sus farmacias sufrían retrasos en el pago de los medicamentos. De media, retrasos en el cobro entre 25 y 55 días tras la dispensación de la receta —según lo estipulado en el concierto regional— hasta máximos históricos de cuatro meses en 2013.

Ocho años después, el 5 de octubre de 2018 la Generalitat de Cataluña hizo efectiva la factura por los medicamentos dispensados en agosto de ese año. De esta manera, se consiguió, recuperar la normalidad en los pagos.

Un problema que parece haber pasado ya a la (negra) historia de la farmacia española pero que en su día sufrió y soportó la figura del farmacéutico, convirtiéndose estos en financiadores o prestamistas forzosos y crónicos del Sistema Nacional de Salud, mientras mantenían un servicio de calidad para la población y abrían cada día las puertas de sus establecimientos. Y es que no hubo una sola dispensación que fuera rechazada aun sabiendo que su Administración no retornaba un céntimo en tiempo y forma

A día de hoy, todo esto ha quedado atrás y las 22.137 boticas de toda España cobran como debe ser, en tiempo y forma la dispensación de recetas.

Intereses de demora

Estos citados impagos en las diferentes CC. AA hicieron que algunos farmacéuticos llegaran a los tribunales para pelear los intereses de las demoras de los pagos.

En Julio de 2019, el Tribunal Supremo, indicó que la Ley de Morosidad no era aplicable para calcular los intereses de demora que tienen derecho a percibir los farmacéuticos ante un impago o retraso en el pago de recetas por parte de la Administración.

El pronunciamiento de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se recogió en la sentencia 2086/2019 que desestimaba un recurso presentado por farmacéuticos valencianos contra una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana que ya mostraba su oposición a cuantificar los intereses de demorar por impagos de recetas conforme a la Ley de Morosidad (en torno al 8 por ciento) e instaba a aplicar el tipo de interés legal del dinero (más bajo, sobre el 3 por ciento y, por ende, menos costoso para el deudor).


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