Francia, como ya ocurre en España desde 2012, obligará a sus distribuidores farmacéuticos a presentar declaraciones de aquellos medicamentos y cantidades que exporten fuera del territorio galo. Un proyecto de ley presentado por su Ministerio de Salud propone, en su artículo 2, “experimentar durante un periodo de tres años” requerir a los mayoristas farmacéuticos una “declaración obligatoria” de las exportaciones que realicen (productos y cantidades), así como de la entidad destinataria del envío (la cual es responsabilidad del exportador verificar su legalidad).
En España, la Agencia Española de Medicamentos estableció en 2012 esta obligada notificación previa de las exportaciones a otros Estados miembro de aquellos medicamentos que figurasen en un listado elaborado por la propia Aemps y que puede actualizarse periódicamente en función de las necesidades sanitarias del país. El fin es asegurar el correcto suministro y adelantarse a posibles desabastecimientos del mercado nacional (pudiendo ‘bloquear’ una exportación por este motivo). Precisamente, este es el objetivo que también persigue la iniciativa gala. Según se indica en la exposición de motivos de este proyecto de ley galo —que será tramitado por la vía urgente—, se reconoce que los mayoristas “tienen capacidad para exportar”, si bien “tienen que establecen prioridades para las farmacias”. Y es que el Ministerio de Salud galo denuncia que “aunque los laboratorios estatales entregan (a los mayoristas) los volúmenes requeridos para abastecer el mercado francés, se ha identificado un aumento significativo de interrupciones en el suministro”.
Por tanto, prosigue este texto “es necesario racionalizar la cadena de suministro, cara a una mejor estimación, en tiempo real, la cantidad de medicamentos realmente presentes en el territorio”. De esta manera “el conocimiento de los volúmenes totales de exportaciones podría prevenir más eficazmente las tensiones debidas a las exportaciones excesivas”, recalca.
No es la primera vez que el Gobierno francés intenta implantar esta obligación. De hecho, la misma ya figuraba en una norma de 2011 si bien, como se reconoce, finalmente resultó inaplicable por las trabas de la Autoridad de la Competencia. Este organismo consideraba que esta información confrontaba con en términos de la ley de competencia, dado que esa norma requerí también al mayorista exponer los términos del acuerdo con la entidad importadora.
El proyecto de ley también contempla que, en el plazo máximo de un año, el Ministerio de Salud presente un informe con el balance de la aplicación de la nueva disposición.
