La sede del Parlamento Europeo ha acogido este miércoles 17 de octubre la jornada “¿Economía Vs Sanidad?: La aplicación del test de proporcionalidad en las profesiones sanitarias de la UE”. En este encuentro, europarlamentarios, representantes de organizaciones sanitarias —como la patronal farmacéutica europea PGEU—, juristas y economistas han debatido sobre si profesiones como la Farmacia deben quedar excluidas de la propuesta de directiva de tintes liberales que tiene por objetivo evaluar si la imposición por los Estados de ciertas restricciones de acceso al ejercicio en determinadas profesiones están justificadas y son “proporcionales” con el fin que persiguen.
El encuentro ha sido organizado por los eurodiputados Lieve Wirinck (miembro de su Comisión de Sanidad) y Peter Liese (miembro de su Comisión de Industria). De las principales intervenciones de ponentes y asistentes —entre el público había representación de la farmacia española— puede extraerse que existe cierto consenso en considerar que las profesiones sanitarias deben quedar excluidas de esta normativa. Una exclusión que ya ha sugerido recientemente en una “propuesta de opinión” la propia Comisión de Sanidad del PE.
Por ejemplo, Rita Balten, analista de Políticas Europeas de OSE (Occupational Sciencies Europe) ha recalcado la “importancia” de la regulación en el ámbito de la Sanidad en aras de la protección de los sistemas sanitarios y de los pacientes. “La aplicación de las reglas de mercado tradicionales en el ámbito sanitario no funcionarían, porque la posición de los pacientes no quedaría protegida”, ha recalcado.
Seguidamente ha intervenido Anne Schaffer, catedrática de Derecho y autora de numerosas publicaciones sobre legislación sanitaria y profesiones liberales. En su alocución, Schaffer ha corroborado que “la Sanidad es un bien jurídico específico que se distingue de otros bienes jurídicos”.
Por su parte, Remy Petito, asistente de la eurodiputado popular Françoise Grossetete, una de las más proactivas en la defensa de la Farmacia en la Cámara continental. Petito ha manifestado que existen “grandes razones” para excluir a las profesiones sanitarias de la aplicación de esta directiva: “la primera de ellas, porque la posición de los pacientes debe ser protegida”, ha dicho. Asimismo, ha recordado que si uno de los objetivos de esta futura norma es facilitar la movilidad en los diversos sectores a los que implica, “las profesiones sanitarias ya son unas de las de mayor movilidad en la UE”.
La CE se justifica
La postura ‘oficialista’ ligada a esta directiva ha sido expuesta en esta jornada por Irmfied Schwimann, subdirectora general de diversas áreas de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea —impulsora de esta propuesta de directiva—. La representante de Mercado Interior de la CE ha indicado que la CE “no quiere intervenir directamente en cómo los Estados regulan sus profesiones sanitarias, pero sí que los propios Estados se pregunten y hagan su propio análisis de la proporcionalidad de sus regulaciones”. Más en concreto, Schwimann ha señalado que la propuesta de directiva para aplicar el test de proporcionalidad “no es tanto una cuestión económica, sino de transparencia, de hacerse preguntas y obtener respuestas”.
Asimismo, la representante de la CE ha recordado que “la aplicación de la proprocionalidad no es una obligación nueva; queremos conocer los argumentos que respaldan la regulación”. Sobre esta cuestión, el eurodiputado y coorganizador del encuentro, Lieve Wierinck había abierto el encuentro afirmando que “la proporcionalidad es un principio general de la legislación de la UE y debe respetarse. Nadie quien ha venido hoy al Parlamento Europeo desafía este principio”. En su lugar, detalló “nuestro objetivo es proporcionar respuestas sobre por qué al evaluar la proporcionalidad de la regulación profesional de la salud, deberíamos no usar los mismos principios que para las profesiones que brindan servicios de puro interés económico”, ha concretado.
Mientras, el presidente del la patronal farmacéutics europea PGEU, Rajesh Patel, ha defendido que “las profesiones sanitarias ya están sujetas actualmente a una evaluación de proporcionalidad por parte de las autoridades competentes ya en este momento”. Por ello, Patel aboga porque “en vez de introducir nuevas exigencias, la Comisión Europea debería centrarse en hacer cumplir la implementación de la Directiva de cualificaciones profesionales”.
