Alberto Cornejo Madrid | martes, 06 de noviembre de 2018 h |

“Si en Madrid paramos la Atención Farmacéutica Domiciliaria que recoge el anteproyecto de Ley de Farmacia, lograremos frenarla en toda España”. Consciente de la importancia que tiene la ‘plaza’ de Madrid en la política sanitaria nacional, así de contundente se ha manifestado Teresa Galindo, secretaria general del sindicato enfermero Satse, para justificar la presión que vienen ejerciendo las entidades representativas de Enfermería, así como otras del colectivo médico, contra la farmacia asistencial y la atribución por las Administraciones de nuevas funciones a las farmacias comunitarias.

El nuevo capítulo de esta oposición —y en el marco en el cual Galindo ha realizado estas declaraciones— ha tenido lugar este 6 de noviembre en Madrid, donde nueve entidades del ámbito enfermero y médico (entre ellos el Consejo General de Enfermería y el colegio madrileño) han presentado una “declaración conjunta” contra la farmacia asistencial y el anteproyecto de Ley de Farmacia de Madrid. En él apuntan que realizar determinadas actividades por los farmacéuticos supone “atribuir competencias de otros profesionales, duplicar actuaciones que ya realizan médicos y enfermeros, y malgastar fondos públicos”. Una declaración a la que también se ha adherido la organización de consumidores Facua Madrid.

En dicho manifiesto aseguran mostrar “respeto y consideración” por la “labor fundamental” de los farmacéuticos, y rechazan que sea “una guerra” con estos profesionales sanitarios. Sin embargo, en el acto de presentación del mismo han vuelto a repetirse acusaciones pasadas hacia los farmacéuticos como que son “empresarios con interés comercial”, sus “intentos de vender productos (sic) aprovechando la asistencia al paciente” e incluso su “falta de formación” para realizar atención domiciliaria.

Respecto a la atribución de nuevas funciones a las farmacias, las entidades firmantes consideran que “se compromete el carácter público y gratuito de la Sanidad”, en palabras de Sara Gasco, secretaria general del Colegio de Enfermería de Madrid. Respecto a la asistencia a domicilios de personas dependientes por parte de los farmacéuticos, estas entidades —CGE, Amyts, Semap, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Facua, etc.— consideran que supone “introducir en los domicilios a un agente extraño que no está formado para esta actividad”. “Los farmacéuticos no tienen acceso a la historia clínica y nosotros los enfermeros sí”, complementa la representante de Satse.

Este periódico ha preguntado a los representantes enfermeros si este colectivo tiene actualmente los recursos humanos “suficientes” para realizar la asistencia domiciliaria rutinaria y periódica a los pacientes dependientes de Comunidad de Madrid con baja movilidad. En este sentido, la secretaria general de Satse ha indicado que cada enfermero tiene asignado un ratio aproximado de 2.500 pacientes (no solo dependientes) y que las visitas a domicilio se “priorizan” en función de unos protocolos y necesidades. “Está claro que deberíamos contar con más plazas de enfermeras, los ratios de profesionales son bajísimos. Asi que, desde aquí pedimos que metan más enfermeras en el SNS”, aclara Galindo.

Más sorprendente si cabe es el posicionamiento de Facua Madrid respecto a la AF Domiciliaria y servicios semejantes, expresado por su secretaria general Ángeles Castellanos: “hay intereses comerciales de por medio y los usuarios que reciben esta asistencia no tienen seguridad completa de si se les está asesorando bien o les quieren vender algún producto (sic)”. Este periódico ha preguntado a la representante de Facua Madrid si tienen reclamaciones de usuarios en su asociación respecto a estos intentos de “vender productos”, a lo cual Caballero se ha limitado a contestar que “hay algunos usuarios que se quejan”, sin más detalles.

Respecto al proyecto de Ley de Farmacia de Madrid que, tal como ha sido presentado a la Asamblea recoge funciones como la AF Domiciliaria, las entidades firmantes de este manifiesto reiteran su “no” rotundo y piden que los grupos políticos de la Cámara “rechacen de pleno” el texto. “La solución más inmediata es que ni siquiera sea debatida esta Ley y se plantee un anteproyecto nuevo con la participación de todos los actores implicados desde el principio”, piden desde el Colegio de Enfermería de Madrid y el sindicato Satse.