No hace ni dos meses que los presidentes del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y del Sindicato de Enfermería, Satse, Manuel Cascos, se dirigieron por escrito a la por entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para pedirle que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, frenara lo que estas entidades consideran un intento por parte de la farmacia comunitaria “de privatizar la atención sanitaria y usurpar funciones asistenciales que legalmente no le corresponden por un mero interés de lucro empresarial”. Ambos remitentes han vuelto a trasladar este mensaje, con motivo del cambio de destinatario en el Ministerio de Sanidad.
Tras felicitar a María Luisa Carcedo por su nombramiento, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha pedido a Carcedo que cuente con los profesionales sanitarios en general, y especialmente con las enfermeras y enfermeros como los “verdaderos expertos” en los cuidados, en la prevención y en la educación para la salud, en la atención domiciliaria y en la gestión de la cronicidad y de la dependencia. “Por eso, le pedimos que apueste por el modelo actual que ella misma ha vivido como médico de Atención Primaria y deje de lado ‘experimentos’ que no llevan a ningún sitio. Las enfermeras somos la profesión más cercana al ciudadano y la mejor valorada siempre en todas las encuestas a los pacientes”, asegura Pérez Raya en un comunicado.
En la misma línea, Manuel Cascos, el presidente de Satse ha asegurado que buscará el compromiso de la nueva titular de Sanidad “en contra de la farmacia comunitaria al objeto de que los farmacéuticos no realicen servicios asistenciales que ya desarrollan las enfermeras y los médicos en el ámbito de Atención Primaria, y que suponen una privatización de la sanidad pública, conllevando un coste económico añadido para la administración o el bolsillo de los ciudadanos”.
El colectivo de enfermería espera que Carcedo retome los asuntos relacionados con la profesión en el punto donde los había dejado Montón: además de “la amenaza que supone para los pacientes y para la sanidad pública el movimiento autodenominado farmacia comunitaria”, el Consejo General menciona la prescripción enfermera o la necesidad de garantizar la seguridad de los profesionales en el manejo de medicamentos peligrosos. Satse, por su parte, advierte del “grave conflicto asistencial que se producirá durante la próxima campaña de vacunación de la gripe si no se aprueba un nuevo Real Decreto que libere a las enfermeras de necesitar el diagnóstico e indicación previa del profesional correspondiente a la hora de vacunar a sus pacientes”.
