El Senado ha aprobado una moción, presentada por el Partido Popular, en la que se insta a la creación de una ponencia donde se evalúen los servicios profesionales que deben desempeñar las oficinas de farmacia. El objetivo es salvaguardar los ya existentes y que se adapten nuevos para todas las comunidades autónomas para que mejore la eficiencia del sistema y los pacientes estén mejor atendidos. “Los farmacéuticos están respondiendo a la transformación del sistema mejorando el uso del medicamento a través de estos servicios”, explicó el senador popular Francisco Fernández.
Más en concreto, Fernández también destacó que los servicios profesionales que desarrollen las farmacias, y de acuerdo a las comunidades autónomas, deben estar retribuidos. Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de que el farmacéutico pueda acceder al historial farmacoterapéutico del paciente. “Diversos estudios recientes están demostrando que hay servicios que permiten mejorar la salud de los ciudadanos y contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario”, apuntó el senador popular.
La moción salió adelante con los votos a favor del resto de partidos. Desde Podemos, la senadora Concepción Palencia presentó una enmienda en la que se defendía la incongruencia de “defender servicios en pos de la adherencia a los tratamientos defendiendo el copago instaurado por el Real Decreto 16/2012”. De hecho, el objetivo de la enmienda, que fue rechazada por el PP, era incluir en la ponencia un “análisis del impacto del copago farmacéutico en la población y su impacto en la adherencia”.
Desde el PSOE y el Grupo Vasco, pesar de su voto a favor, se criticó que el tema se abordara a través de la creación de una ponencia. “Tenemos en este momento seis ponencias abiertas y varias en espera. No nos oponemos pero no vamos a poder tratar este tema hasta dentro de varios meses”, dijeron. Además, el senador socialista José Martínez Olmos, aseguró que en la ponencia deberían tener cabida otras profesiones sanitarias (médicos y enfermeros), además de representantes de las comunidades autónomas para consensuar qué servicios son pertinentes.
