Con la reanudación del curso político tras el parón estival y con el horizonte del fin de la legislatura en 2023, el sector farmacéutico está a la espera a que se apruebe una de las leyes que más han demandado y en la que tienen puestas muchas esperanzas: la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica, más conocida como la ley de Farmacia. Su situación a día de hoy es que se encuentra en tramitación parlamentaria, con sus tiempos y plazos ineludibles, pero que mantiene a la expectativa a un sector que quiere que la ley tenga luz verde cuanto antes. Fuentes conocedoras del trámite de la norma explican que lo más probable es que se vote en la Comisión de Sanidad en noviembre y se lleve al Pleno de la Asamblea de Madrid antes de que finalice el año.
Ahora mismo la ley está en su punto culminante tras muchos meses de negociaciones y de trabajo conjunto entre los agentes, patronal, sociedad civil y la Administración. El sector ha dado el visto bueno a un texto que sustituirá a una normativa que data de 1998. Instituciones y organismos como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el COF de Madrid y organizaciones empresariales como la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) o Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) se han posicionado a favor de una norma que se adapta a los nuevos tiempos y que ofrece nuevos derechos y garantías a la actual prestación farmacéutica.
Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), espera que se remate el trámite: “Es el segundo intento y esta vez está más cerca que nunca”. El presidente del COFM argumenta la necesidad de actualizar la ley porque después de 24 años “hay muchas cosas que no están reguladas, existen vacíos legales y surgen también nuevas oportunidades”. Para del Peral, lo importante de la nueva norma es que dé estabilidad para muchos años. Sería una lástima que “una ley técnica, por conveniencia política o una cercanía a las elecciones, no se llegase a concluir”, justifica.
La patronal de la Farmacia comparte ese mismo sentir. “No veo motivos políticos por los que no vaya a dar tiempo a que no se tramite la ley antes de que se disuelva el Parlamento”, expresa Luis de Palacio, presidente de la FEFE, que defiende que esta ley es muy necesaria y trabajada, y que moderniza a la anterior. Por ello, De Palacios espera que se resuelva pronto: “Nosotros ya tenemos ganas de que terminen de tramitarla”. En una línea similar se posiciona Cristóbal López, presidente de Adefarma, que considera que la nueva ley “es para todos y tiene muchos grupos de interés”, pero avisa: “Si no es a finales de año, veo difícil que a principios del próximo salga adelante, no lo veo factible”. Todos los agentes esperan que el texto recoja algunas de sus aportaciones para que sea lo más completo posible.
Encarrilada la fase final
El recorrido ha sido largo e intenso. En 2018 comenzó a gestarse la posibilidad de contar con una nueva ley para la Farmacia y desde 2019 el Ejecutivo comenzó a trabajar sobre el texto. Fue en el último tramo del año pasado cuando se publicó el anteproyecto, que actualizó su versión con los trámites previos de audiencia y consulta pública.
En abril de este año fue aprobado por el Consejo de Gobierno, y el 2 de junio la Comunidad de Madrid avanzaba la tramitación porque la Asamblea, con los votos de PP y Vox, rechazaba las tres enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos. Una vez finalizado este trámite, la siguiente parada era las enmiendas parciales que se debatían en dos sesiones los días 13 y 20 de junio. Los grupos de la oposición presentaron un total de 223 enmiendas. Sin olvidar participación ciudadana y las 163 aportaciones particulares realizadas entre titulares farmacéuticos, personal de plantilla y usuarios.
Algunas demandas de los grupos parlamentarios
El PSOE pedía un procedimiento de concurso público para las nuevas autorizaciones, bajo los principios de “igualdad, mérito, publicidad, transparencia y seguridad jurídica”; querían diferenciar el horario obligatorio, ampliado y guardia en las boticas; o facilitar sistemas personalizados de dosificación en las oficinas de farmacia sin coste. Desde Unidas Podemos querían modificar los criterios de planificación y modificar los módulos poblacionales; o que el personal pueda ser ajeno a la plantilla. Vox pretendía eliminar la flexibilidad horaria o que la entrega informada tenga un coste económico para el usuario. Por su parte, Más Madrid defendía limitar la entrega a domicilio a la Zona Básica de Salud; crear un historial farmacoterapéutico del paciente; o incorporar servicios de traducción e interpretación por vía telefónica en la atención farmacéutica que se precise.
