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Este lunes 21 de septiembre, la profesión farmacéutica española ha dado un golpe sobre la mesa. Cuando menos, respecto al nivel y firmeza de sus reivindicaciones, y el ‘altavoz’ desde el que se pronuncian. El Consejo General de Farmacéuticos, en representación de la profesión nacional, considera que España se encuentra en un “momento decisivo”, de “enorme preocupación sanitaria” que hace necesario “dar nuevos pasos” respecto al protagonismo de las farmacias. Entre esos “nuevos pasos”, apostar por la vacunación de la gripe en farmacias para mejorar la cobertura poblacional—una petición que hasta ahora no había hecho suya esta institución— y la colaboración de los farmacéuticos en los cribados y rastreos de contagios de la COVID-19. Incluyendo en este último punto la dispensación y/o realización de test rápidos de la COVID-19.

En lo que califican de un “llamamiento urgente a las Autoridades sanitarias sin excepción”, el Consejo General de Farmacéuticos ha publicado un manifiesto en el que reclaman “hechos y voluntad política” para integrar de forma efectiva a la red de 22.070 farmacias en las políticas de Salud Pública. “La situación excepcional que supone la pandemia es una base indiscutible para impulsar, sin demora, escenarios de trabajo que abran nuevas vías de colaboración y cooperación profesional de la Farmacia española; estamos en una situación sin precedentes que requiere medidas excepcionales y que no debe obviar la participación de los farmacéuticos y de la red de farmacias.

Por ello, el CGCOF solicita una batería de medidas que reproducimos a continuación en su integridad:

  • El desarrollo urgente de una Estrategia de Salud Pública ambiciosa y coordinada en cada una de las Comunidades Autónomas para combatir de forma eficaz la pandemia, donde la red de farmacias sea un agente sanitario activo de primer orden, en colaboración y coordinación con las autoridades sanitarias competentes, con otras profesiones sanitarias y con las organizaciones de pacientes, como ya se está haciendo en otros países de nuestro entorno.
  • La participación de las farmacias en las estrategias y programas puestos en marcha para el cribado, prevención y detección precoz de casos de COVID-19 garantizando la equidad y su accesibilidad a toda la población, con los protocolos ya presentados ante el Ministerio y las Comunidades Autónomas o con aquellos que se determinen. En esta situación crítica es esencial la colaboración de las farmacias en las labores de rastreo para el control de brotes, mediante la participación de sus profesionales, puestos a disposición de las autoridades sanitarias, para el registro y notificación de casos, con el entrenamiento y las instrucciones necesarias para ello.
  • La implicación de las farmacias en la disponibilidad y realización de test rápidos para los ciudadanos con procedimientos enmarcados en protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias.
  • Asegurar la mayor accesibilidad posible de la futura vacuna de la COVID-19 y de la vacuna contra la gripe a toda la población aumentando la cobertura vacunal mediante:
  • La puesta a disposición de la red de farmacias como importante recurso sanitario para la aplicación de la vacunación, con la adecuada formación y con los correspondientes protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias, en línea con lo que se viene realizando en otros países de nuestro entorno.
  • La garantía de existencias suficientes de vacunas contra la gripe a disposición de los ciudadanos en la red de Farmacias. Es necesario que en la situación en la que nos encontramos, los ciudadanos dispongan de ellas en las farmacias.
  • La coordinación de la red de farmacias con los centros de Atención Primaria para aumentar su capacidad asistencial sobre determinadas actuaciones protocolizadas,  como ya se ha venido haciendo en los primeros meses de la pandemia, contribuyendo a la descongestión de las consultas y derivando a los pacientes en los casos necesarios.

Vacunación de gripe en (o por) farmacias

Respecto a la vacunación de la gripe en farmacias, cabe destacar que el CGCOF venía rechazando —a nivel institucional— esta posibilidad, al considerar que las estructuras de Atención Primaria y centros de salud con los que cuenta España, así como del número y capacitación de enfermeros, planteaba un escenario muy diferente al de otros países donde sí se deben apoyar en su red de boticas. Ahora, la COVID-19 ha cambiado todos los escenarios y hace necesario destinar todos los recursos a aumentar las tasas de inmunización en la primera temporada en la que coinciden ambas patologías.

Aunque el manifiesto del CGCOF se centra especialmente en apostar por las farmacias como puntos complementarios para estas inmunizaciones sí deja la puerta abierta a que también pudiesen ser asumidas por los propios farmacéuticos con la adecuada formación y con los correspondientes protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias, en línea con lo que se viene realizando en otros países de nuestro entorno. Hasta ahora, la única experiencia piloto realizada en España, en Girona, era profesional enfermero el que se desplazaba a las boticas para realizar las inmunizaciones.

Test de COVID-19 en farmacias

Respecto a la dispensación y posible realización de test rápidos de COVID-19, se trata de una petición que ya han realizado otras entidades profesionales (como el COF de Madrid, FEFE y Sefac) e incluso formaciones políticas (como C’s en el Parlamento de Cataluña). En este sentido, desde el CGCOF se consideraba “prioritario” que estas pruebas asegurasen un alto grado de fiabilidad/sensibilidad antes de abogar por su presencia en las boticas. En todo caso, siempre atendiendo a los protocolos de las autoridades sanitarias y en coordinación con el resto de estructuras, recuerdan.

De igual manera, la posibilidad de que las farmacias pudieran ayudar en las labores de rastreo de contagios de COVID-19 —que recoge este manifiesto— ha sido planteada a nivel político a través de diversas iniciativas recientes en parlamentos regionales y Congreso. La más reciente, una proposición no de ley de VOX en la Cámara Baja que sugiere “acudir a otros profesionales sanitarios como rastreadores”, entre los que incluye a los farmacéuticos.

En su manifiesto, el CGCOF insiste en que la posibilidad de que todas estas solicitudes se conviertan en realidad depende de “voluntad política de todas las Administraciones: Ministerio de Sanidad y CC.AA”.