Un total de 773 oficinas de farmacia de Andalucía han presentado solicitudes para asumir la prestación farmacéutica a residencias de menos de 50 camas (el único tipo de centros sociosanitarios al que, desde 2016, la normativa regional les faculta para suministrar medicamentos). Estos datos, a los que ha tenido acceso EG, suponen que un 20 por ciento de la red de farmacias andaluza formada por cerca de 3.900 establecimientos se ha interesado por optar a prestar este servicio, una vez que el plazo para presentar las solicitudes expiró el pasado mes de octubre. En concreto, esas 773 farmacias han presentado un total, en su conjunto, de 2.473 solicitudes, para la atención de los 524 centros de menos de 50 plazas existentes en Andalucía (cada farmacia puede presentar solicitudes a cuantos centros desee).
No obstante, como denunció EG, no toda la red podía optar a realizar Atención Farmacéutica a residencias. Aproximadamente dos tercios de las 3.900 boticas quedaban excluidas de partida de esta concurrencia al no cumplir algunos de los requisitos exigidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el concurso, como era el hecho de que la farmacia estuviese acredita para preparar sistemas personalizados de dosificación (SPD). La acreditación se consigue a través de la realización de un curso formativo ofrecido por los colegios farmacéuticos. Precisamente, una vez conocida la resolución, algunas de estas corporaciones procedieron a convocar con premura nuevas ediciones del curso formativo con vista a que aquellos farmacéuticos interesados pudiesen acreditarse antes de expirar el plazo de la convocatoria, el pasado octubre.
Asimismo, cabe recordar que, en el baremo de méritos que rige las vinculaciones, el SAS otorga mayor puntuación a aquellas farmacias que oferten los SPD a un menor precio, estableciendo un coste máximo a pagar de 20 euros por paciente al mes. Precisamente, la profesión farmacéutica criticó esa suerte de ‘subasta’ aplicada a este servicio al buscar, de facto, su gratuidad (dado que ofrecerlo a coste cero propiciaba la mayor puntuación). Es posible incluso que este criterio haya retraído a algunos profesionales de concurrir a la convocatoria. Ahora será el SAS quien lleve a cabo la baremación de este y resto de criterios puntuables (cercanía, etc.) y, según las puntuaciones, vinculará las residencias a las oficinas de farmacia adjudicatarias.
Así las cosas, a pesar de la controversia que suscitaron criterios como los anteriores, un total de 773 establecimientos han optado por ‘aceptarlas’ y concurrir a la convocatoria.
Una norma recurrida
Aunque el proceso de adjudicaciones sigue en marcha, sobre el decreto regional que regula la prestación farmacéutica a este tipo de residencias siguen pesando diversos recursos. La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) presentó un recurso de alzada contra la resolución del SAS que fijaba los criterios al considerar que las citadas condiciones de precio ofertadas para los SPD “atentan contra la dignidad del farmacéutico comunitario y vulneran su derecho al libre ejercicio de la profesión y la libertad de empresa de la farmacia”.
Mientras, la patronal farmacéutica regional Ceofa también recurrió la norma. En su caso, por la exigencia de acreditación en SPD para optar a la prestación del servicio.
