El Global Madrid | viernes, 28 de abril de 2017 h |

Aunque hay quien no lo ve factible —y puede que no les falte razón, con el histórico en la mano— el Ministerio de Sanidad sigue confiado en conseguir en este 2017 la plena interoperabilidad de los modelos autonómicos de la receta electrónica y devolver así a los pacientes un derecho que vienen perdiendo con la supresión de las prescripciones en papel: poder retirar su medicación en cualquiera de las cerca de 22.000 oficinas de farmacia del país. Un objetivo, la total interconexión de los sistemas en el actual ejercicio, que refrendó José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad, durante su intervención el pasado 25 de abril en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar la partida destinada a Sanidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Al margen de su interoperabilidad, Castrodeza informó a esta Comisión que el nivel de implantación de e-receta se sitúa en torno al 89 por ciento de las dispensaciones a nivel nacional. Asimismo, corroboró que el objetivo pasa por que la plena interoperabilidad sea “una realidad” en este 2017. Para facilitar su consecución, el representante ministerial recordó que, precisamente, uno de los “ejes” de la partida sanitaria reflejada en los PGE está destinado a potenciar la e-salud y, en concreto, la interoperabilidad de la receta electrónica y la historia clínica digital.

En concreto, serán en torno a 37 millones los que se destinarán a la aplicación de las TIC en la Sanidad en el actual ejercicio, a falta de su debate y aprobación parlamentaria tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

“Voluntad” autonómica

El secretario general de Sanidad aseguró “ser consciente” que en este objetivo “no basta con la voluntad del Ministerio, tenemos que contribuir todos”.

Cabe recordar que actualmente solo seis comunidades autónomas —Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y, recientemente, Galicia— están integradas en el proyecto de interoperabilidad y pueden emitir y dispensar e-erectas entre ellas (excepto Castilla-La Mancha, que solo puede hacerlo aún como emisora). Si ya se conocía que Aragón será la siguiente en sumarse a este proyecto de forma inminente (sus farmacias ya vienen realizando pruebas en las últimas semanas, como contó EG), Castrodeza anunció que La Rioja y Castilla y León serían las siguientes en incorporarse a la interoperabilidad.

En este sentido, aunque no se ofrecieron fechas de entrada al proyecto, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ya prueba la compatibilidad de sus recetas electrónicas con Aragón, Navarra, Galicia y Extremadura. Su consejero regional, Antonio Sáez Aguado, confirmó el pasado 26 de abril durante su participación en séptimo encuentro del Foro de Interoperabilidad en Salud, organizado por la Sociedad Española de Informática de la Salud, que la Consejería ya ha realizado y aprobado las pruebas de compatibilidad de la receta electrónica con Aragón, y está en proceso de hacer lo mismo con Navarra, Galicia y Extremadura. Incluso, Sáez Aguado avanzó que ya está programado un calendario para comenzar también este procedimiento con La Rioja.

Solo un tercio de la red, interoperable

Por delante, cara a cumplir con sus previsiones, el Ministerio de Sanidad en colaboración con las Comunidades Autónomas tiene por delante siete meses para incorporar, y de forma satisfactoria, a las restantes once CC.AA que aún no forman parte del proyecto de interoperabilidad, amén de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A día de hoy, como reflejaba un reciente análisis de EG, 5.606 farmacias españolas están integradas en el proyecto de interoperabilidad, lo que supone cerca del 27 por ciento de la red. Por tanto, a tenor del cronograma ministerial, restan siete meses para integrar a más de dos tercios de la red. Una vez se solvente la nueva fase del mismo —inclusión de Aragón, Castilla y León, y La Rioja—, se alcanzaría la cifra de más de 8.000 oficinas de farmacia con capacidad para dispensar e-recetas interoperables.

No obstante, esta cifra aún sería inferior a la mitad de la red de establecimientos (37 por ciento). Y es que los expertos recuerdan que la verdadera prueba de fuego de este proyecto, y que ya sí permitiría hablar de una interoparabilidad “muy avanzada”, tendrá lugar cuando entren en él las comunidades autónomas que más población y farmacias aportan al conjunto del país: Andalucía (3.979 boticas), Cataluña (3.180) y Comunidad de Madrid (2.852 establecimientos).