La Federación Española de Farmacéuticos Empresarios (FEFE) propone que las farmacias pasen a considerarse como centros sanitarios de baja complejidad en los que se podrían dispensar medicamentos para una lista de patologías concretas sin necesidad de receta. Con esta demanda consideran que se aliviaría los servicios de atención primaria y las urgencias de los hospitales al “resolver problemas en los que no se puede esperar a la obtención de una consulta”, destacan desde la patronal.
Esta idea está orientada a casos de urgencia y nunca una “libertad absoluta de dispensación”. La propuesta incluye la libre sustitución de formas farmacéuticas y la capacidad de indicar medicamentos de grupos terapéuticos cuando no existan medicamentos OTC que puedan sustituirlos. Es el caso de antidiarreicos, laxantes, dermatológicos sulfamidas, antisépticos, antiinflamatorios y antirreumáticos, analgésicos, oftalmológicos, entre otros. La propuesta de la Federación es “recuperar la tradición histórica de nuestras farmacias”, aunque admiten que para lograrse haya que modificar la Ley de Garantías.
Este posicionamiento de FEFE va en consonancia con el programa británico ‘Pharmacy First‘ presentado recientemente por el primer ministro Rishi Sunak, que se implantará antes de que acabe 2023. Esta iniciativa se enarca en el llamado ‘Plan de Recuperación de Atención Primaria‘. El programa abre la puerta a la prescripción farmacéutica, es decir, que los propios usuarios “puedan obtener medicamentos recetados directamente de una farmacia, sin una cita con el médico de cabecera”. La principal razón que justifica esta medida es “modernizar la forma en que funciona la atención primaria para satisfacer la demanda de los pacientes y ayudar a reducir las listas de espera del NHS”. Es decir, mejorar el acceso a la atención primaria mediante la descongestión de la misma. Con este plan esperan liberar cerca de 15 millones de citas con el médico de cabecera durante los próximos dos años.
Otras propuestas de la patronal
Desde la patronal mantienen una actitud propositiva en los últimos tiempos. La patronal defiende que sería conveniente que los farmacéuticos pudieran dispensar alternativas de sustitución en el caso de problemas de abastecimiento de ciertos medicamentos. Argumentan que esta posibilidad debería estar recogida en la nueva Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, más conocida como Ley del Medicamento. “En la situación actual si ese derecho fuese reconocido por ley más de la mitad de los desabastecimientos del mercado podrían evitarse”, afirman desde la patronal.
También consideran que la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) regrese a las farmacias a través de una compra compartida, donde el hospital adquiere el medicamento al mejor precio mientras la distribución y las oficinas de farmacia “pagarían y obtendrían el margen legal, hasta un determinado precio”. Con esta medida disminuiría el coste en los presupuestos de los hospitales en unos 570 millones de euros. Además, aseguran, no requiere de cambios legales para su implementación, aunque necesitaría de la aprobación por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la implantación de un sistema de seguimiento digital.
Desde la patronal piden una revisión general de precios de los medicamentos tal y como han hecho nuestros vecinos portugueses. En este sentido, Luis de Palacio, presidente de FEFE reclama “una revisión general de precios de los medicamentos para evitar el desabastecimiento por precio y mejorar la calidad asistencial del paciente, tal y como se ha hecho en Portugal. Que se aplique una especie de ‘excepción ibérica’ para los medicamentos”. Además, de Palacio señala que esta medida está justificada por varias razones: el aumento de costes industriales; el consumo real en el Sistema Nacional de Salud; la influencia negativa del Sistema de Precios de Referencia y la situación de países en nuestro entorno.
Abogan además por el copago como medida de control del gasto farmacéutico. Justifican esta decisión en base a trabajos científicos que muestran la eficacia del copago. “La bibliografía es unánime en su conclusión: el copago produce una disminución del uso”, argumentan desde FEFE. A pesar de ello, creen que los dirigentes no recurrirían a esta medida por su mala reputación entre los usuarios y la consecuencias sanitarias que podría tener en los colectivos menos favorecidos.