Alberto Cornejo Madrid | martes, 23 de octubre de 2018 h |

Tal como recoge la actual edición de EG, la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de Comunidad de Madrid ha ordenado —a raíz de una denuncia del Colegio de Enfermería— el “cese inmediato” de la única experiencia de Atención Farmacéutica Domiciliaria existente actualmente en la región. En concreto, se trata del Programa de Ayuda al Mayor vigente desde 2015 en el municipio de El Boalo, desarrollado por la titular de la farmacia de la localidad, Lucrecia Gutiérrez, con la colaboración de la Concejalía de Salud y financiación del propio Ayuntamiento de la localidad. Un servicio que fue explicado a EG por la propia farmacéutica prestadora en un reportaje audiovisual que pueden visualizar en el siguiente enlace.

Cabe recordar que esta prohibición coincide en el tiempo con la inminente votación en la Asamblea de Madrid del proyecto de nueva Ley de Farmacia de Madrid que recoge la posibilidad de que las farmacias comunitarias puedan realizar AF Domiciliaria (seguimiento, revisión de botiquines, etc.) a pacientes domiciliarios dependientes de baja mobilidad. Una función que ha sido impulsada en el texto y, por ende, cuenta con el beneplácito del Gobierno regional, lo cual chocaría con esta prohibición por parte de la propia Administración. Ahora bien, desde la Consejería se justifica esta orden de cese inmediato de la actividad en que “se ha implementado sin colaboración alguna de los profesionales de AP del Sermas y no puede incluirse entre ninguna de las actividades que se realizan (las farmacias) en el convenio de colaboración entre Consejería y COF Madrid”.

Según detallaba en el reportaje audiovisual con EG; Los destinatarios de la atención farmacéutica domiciliaria son personas mayores, polimedicados y dependientes. En El Boalo, cinco usuarios disfrutaban de éste servicio, cuatro de ellos con la ayuda del consistorio.

Los interesados podían solicitarlo directamente en la farmacia, o bien que sea el Centro de Salud el que les derive al servicio. Como requisito, la Concejalía de Sanidad debía aprobar la inclusión en el proyecto según criterios de necesidad económica.

Cada semana, o cada quince días, según la necesidad, la farmacéutica acude a casa del paciente. Una vez en el domicilio, Lucrecia sigue un protocolo para realizar varias pruebas y llevar así, un seguimiento del paciente. En primer lugar revisa el sistema personalizado de dosificación (SPD) que le preparó la semana anterior. Esto le permite comprobar la adherencia a los tratamientos. Después les toma la tensión arterial, mide la glucosa en sangre y, finalmente, controla el peso del paciente.

Todos estos datos se almacenan en la ficha del usuario. Y ese archivo, con la información de las mediciones semanales, se envía una vez al mes al médico de familia. De este modo, una vez el usuario está incluido en este servicio, farmacéutico y médico mantienen una estrecha colaboración y un contacto permanente.