El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para actualizar al alza las compensaciones económicas que reciben las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida; las conocidas como farmacias VEC. Un cambio que articulará a través del proyecto de modificación del Real Decreto 823/2008 de márgenes, deducciones y descuentos de las farmacias, en el que recogen estas ‘ayudas’ y que se encuentra en periodo de alegaciones.
El objetivo del Ministerio es incrementar un 17’5 por ciento las ayudas que reciben aquellas farmacias que, hasta ahora, no facturasen más de 200.000 euros anuales por dispensaciones públicas con cargo al SNS. Así, de los actuales 833,33 euros máximos que puede recibir una farmacia VEC al mes se pasaría, en adelante, a 979,16 euros.
No obstante, esta revisión de las ‘ayudas VEC’ tiene importantes matices. No todos positivos. Quizá el más importante es la nueva ‘selección’ del perfil de boticas VEC que puede acceder a las ayudas. En adelante, solo las farmacias VEC ubicadas en municipios de menos de 1.500 habitantes podrían recibir la aplicación de un índice corrector a su baja facturación. Dicho de otra manera, solo las farmacias VEC rurales. Se excluyen de estos beneficios a las farmacias VEC ubicadas en municipios por encima de esta densidad poblacional —como urbanos o semiurbanos— y que, haberlas, haylas. Y que, conviene recordar, también prestan un mismo esencial a la población donde se ubican.
Un 20% de actuales farmacias VEC, excluidas
El propio Ministerio de Sanidad expone en el proyecto de RD que un 80 por ciento de las actuales 713 farmacias VEC se concentran en los municipios de menos de 1.500 habitantes. Se reconoce, por tanto, que el restante 20 por ciento se ubican en localidades con mayor población y, en adelante, no cumplirían los requisitos poblacionales para acceder a las ayudas. En cifras, ello afectará a cerca de 140 establecimientos, que quedarán excluidos de las ayudas aunque mantengan su situación de inviabilidad.
Cabe recordar que, en origen (2008), el acceso a la aplicación de este índice corrector estaba limitado exclusivamente a farmacias VEC ubicadas en entornos aislados o socialmente deprimidos. Este criterio se suprimió en 2012 a fin de que posibles boticas VEC situadas en entornos urbanos —donde también existe el problema de la falta de rentabilidad— pudieran acceder a este índice corrector.
Ahora, de confirmarse las intenciones de Sanidad, se volvería al status quo inicial. En este sentido, el Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) considera que el índice corrector se debe seguir aplicando “a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de su ubicación”. Todo ello, completan, “con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal”.
En el proyecto de RD, Sanidad indica que el objetivo es “incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica que se realiza por los farmacéuticos y las farmacéuticas de
las oficinas de farmacia sitas en el entorno rural con riesgo de despoblación y en los entornos social y económicamente vulnerables siga siendo accesible y capilar”.
Satisfacción en líneas generales
Al margen de la concreción realizada, desde el CGCOF se valora positivamente las consideraciones incluidas en este proyecto normativo respecto a la especial trascendencia de las farmacias que atienden a la población de zonas deprimidas.
No obstante, la Organización Farmacéutica Colegial considera que estas medidas específicas para salvaguardar este tipo de farmacias “solo son un primer paso”. “Es preciso que se completen con otro tipo de iniciativas que atiendan a su situación de vulnerabilidad económica y profesional derivada del aislamiento y despoblación del área donde radican, de la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias, o la dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías”, exponen.
