En el asunto que nos ocupa, y si se acota el análisis a la época más reciente, Andalucía inició el camino en enero de 2016. Fue en esa fecha cuando publicó su nuevo decreto con el que se sobreexcedía en dar cumplimiento a lo estipulado en el RD 16/2012 y relegaba a las farmacias a la prestación farmacéutica solo de aquellas residencias con menos de 50 plazas/camas. Meses después, en agosto, hace ahora justo un año, la Junta apretaba aún más las tuercas al publicar los criterios que debían cumplir las farmacias que quisiesen optar a este servicio ya de por sí mermado, entre los que se valoraba preparar SPD de forma gratuita a los residentes (para obtener así mejor puntuación en el concurso).
El camino iniciado por Andalucía que supone relegar a las farmacias en la prestación farmacéutica a centros sociosanitarios apostando por la ‘centralización’ del servicio en los hospitales viene siendo seguido desde entonces por otras Administraciones autonómicas. Por ejemplo, meses después, País Vasco daba a conocer el borrador del que sería futuro decreto sobre Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos —que a día de hoy sigue en stand by— y que establece la obligación de contar con depósito propio o vinculación a un servicio de Farmacia Hospitalaria para cualquier residencia de titularidad pública, independientemente de su cifra de camas. Incluso, ese borrador permite, en esa redacción original, que los centros privados también puedan elegir ser suministrados por hospitales, lo que podría dar lugar a que la botica perdiese toda opción de dar servicio.
Si estos ejemplos ya dejaban entrever por dónde pasaba la tendencia en la prestación a residencias, 2017 se ha confirmado como el annus horribilis de la farmacia comunitaria en esta cuestión. En este sentido, el polémico modelo Resi-EQIfar en el que trabaja la Generalitat Valenciana con vistas a ser implantado a partir de 2018 fue el primer ‘palo’ recibido en el actual ejercicio para la botica, dado que el objetivo del mismo es que un único servicio de Farmacia Hospitalaria —centralizado en el Hospital La Fe— asuma el abastecimiento tanto para residencias públicas como privadas. Un plan que parece ‘inamovible’ pese a los esfuerzos que están realizando los colegios para plantear una propuesta alternativa en el que las boticas puedan seguir siendo partícipes.
Posteriormente, en junio, era Navarra quien sumaba un nuevo capítulo en esta centralización en la FH (en detrimento de las farmacias) al inaugurar la Unidad de Farmacia que, de forma progresiva, irá asumiendo el suministro a todas las residencias de titularidad gubernamental y/o pública de Navarra, e independientemente del número de plazas. Así las cosas, a las boticas navarras solo le quedaría la opción de atender a privadas.
A estos ejemplos más o menos concretados ya se deben unir las recientes declaraciones a EG del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, avisando que la farmacia hospitalaria será protagonista principal en el nuevo modelo de AF a residencias que ya se perfila para esta región… Ahora Aragón cierra (por el momento), el círculo.
Aragón: un modelo ‘a la andaluza’
El pasado 13 de julio, el Boletín Oficial de Aragón recogía el anuncio del Departamento de Sanidad por el que se sometía a audiencia e información pública el proyecto de decreto que regulará la atención farmacéutica en los centros de asistencia social regionales y el modelo de gestión de la prestación farmacéutica.
El borrador que maneja la Administración recoge un modelo similar al que ha apostado Andalucía. En concreto, todos los centros de asistencia social con cincuenta o más camas tendrán que tener un servicio de Farmacia propio o disponer de un depósito de medicamentos vinculado a uno de estos servicios. Así las cosas, el decreto solo permite la atención desde las farmacias a centros de menos de 50 plazas, como ocurre en Andalucía.
Respecto a los requisitos exigidos a las farmacias para prestar el servicio —y a falta de conocer otros criterios— el proyecto menciona que “será indispensable disponer de un sistema de dispensación individualizada y la realización de acciones para la mejora de la atención farmacéutica de los residentes”. Cabe recordar que Andalucía también impone como requisito indispensable la preparación de SPD que, en el caso de Aragón, exige la acreditación previa de las farmacias al estar regulada esta herramienta por decreto.
La selección de las farmacias se llevaría a cabo mediante un procedimiento de concurrencia pública. Cuando varias oficinas de farmacia de la misma zona básica de salud en la que esté ubicado el centro soliciten un mismo depósito, se seguirá un sistema de rotación que tendrá como principal criterio el orden de la parte numérica del código de autorización de la botica, de menor a mayor rango. La rotación se llevará a cabo al cumplirse tres años de la vinculación.
Ahora bien, cabe recordar que la Comisión Nacional de la Competencia primero, y el Tribunal Supremo, a posteriori, ya resolvieron en el pasado —respecto al modelo que regía en varias comunidades— que el establecimiento de turnos rotatorios entre farmacias en el suministro a centros sociosanitarios “cercena la competencia” (ver apoyo).
El Tribunal Supremo ya ‘tumbó’ los sistemas rotatorios
Una de las principales características que recoge el borrador de proyecto de decreto de prestación farmacéutico a centros de asistencia social de Aragón hace referencia al sistema de turnos rotatorios (cada tres años) que regirá el abastecimiento a residencias en el caso de que varias farmacias estén interesadas en prestar servicio a un mismo centro ubicado en su zona de salud. Ahora bien, hay que señalar que el Tribunal Supremo, en dos sentencias publicadas en 2015 respecto a los modelos vigentes por entonces en Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, ya indicó la “nulidad” de este sistema de turnos rotatorios al considerarlo una práctica “restrictiva de la competencia”. El Supremo se alineó con los argumentos que previamente había esgrimido la por entonces denominada Comisión Nacional de la Competencia.
