Tal y como adelantó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del COFM, la Ley de Farmacia ha entrado hoy en el Consejo de Gobierno, donde, como era de esperar, se ha dado luz verde al proyecto. El próximo paso, será su tramitación y aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid antes de su entrada en vigor.
Según el texto del proyecto de Ley de Farmacia, este tiene como objetivo crear un nuevo marco regulador de la ordenación y de la atención farmacéutica prestada por los establecimientos farmacéuticos de la región. Por tanto, debe estar acorde a la realidad sanitaria madrileña e incorporar los cambios producidos en las últimas décadas y fortalezca el papel asistencial de estos establecimientos y de los profesionales que desempeñan su actividad en ellos como agentes de salud.
De esta manera, “contribuirá a la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los pacientes y ciudadanos, siempre desde el respeto a las competencias propias que legalmente tienen atribuidos los médicos, profesionales de enfermería y otros profesionales sanitarios, y en coordinación y colaboración con éstos”.
Una ley “de todos y para todos”
La nueva norma ve la luz gracias al trabajo realizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En concreto Elena Mantilla, directora general de Ordenación e Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ha sido la encargada de buscar el consenso entre todos los agentes del sector para conseguir que finalmente este anteproyecto de ley llegue ahora al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación en la Asamblea de Madrid.
Mantilla ha destacado que se trata de una ley “de todos y para todos”. “Las novedades dan respuesta a las necesidades actuales, algunas evidenciadas durante esta pandemia y otras q se han venido demandando por la sociedad y por el propio sector desde 1998″, ha indicado a través de su cuenta de Twitter.
Se han valorado las más de mil alegaciones presentadas en el trámite de audiencia e información pública, lo que, asegura Mantilla, ha permitido obtener un texto “de amplio consenso“.
