El nuevo modelo de prestación farmacéutica a residencias en Andalucía no está desarrollándose de la forma efectiva que desearía el Servicio Andaluz de Salud, como así lo reconoce este organismo. En una reunión mantenida el pasado 10 de octubre por la gerente del SAS, Francisca Antón, con la junta directiva de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos Hospitalarios (SAFH), la representante de la Administración reconoció la existencia de “problemas” a la hora de llevar a la práctica este nuevo modelo por el cual todas aquellas residencias públicas y privadas de más de 50 plazas deben estar ahora vinculadas a servicios de Farmacia de hospitales regionales, y en detrimento de la prestación del servicio por las boticas.
Por parte de la SAFH también se corrobora que “no se están cumpliendo los plazos de implantación establecidos”, denuncian. Cabe recordar que Andalucía inició los trámites para cambiar el modelo regional de prestación a residencias en enero de 2016, cuando publicó el decreto (512/2015) que recogía el nuevo sistema. Sin embargo, casi dos años después, el proceso de implantación no estaría siendo “tan rápido” y efectivo como se pretendía desde el SAS. Asimismo, tal como informan desde SAFH, la Consejería de Salud de Andalucía se estaría incluso planteando la opción de hacer un alto en el camino. Es decir, continuar con su desarrollo “pero no de forma tan inminente”. En concreto, el SAS podría apostar por su paralización momentánea para “revisar y modificar algunos puntos del decreto que lo sustenta”.
Asimismo, la gerente del SAS reconoció “varias veces” en este encuentro que dicho decreto que en principio había surgido con un fin primordial de “evaluación y disminución del gasto”, habría virado ahora hacía la “búsqueda de seguridad del paciente”.
Cabe recordar que, como ha venido informando EG, Andalucía sobrepasa lo estipulado en el RDL 16/2012, de aplicación nacional, respecto a la AF a residencias, el cual solo obliga a vincular a servicios de FH o existencia de depósitos propios de medicamentos a aquellos centros sociosanitarios de titularidad pública con más de cien plazas. Es por ello que entidades como la patronal farmacéutica Ceofa o Sefac viene mostrando su oposición a este sistema, y que derivó en la presentación de diversos recursos contra la norma. Unos recursos que no solo versan sobre esa extralimitación del nuevo modelo sino también por los criterios requeridos a las boticas para poder prestar servicio a los centros de menos de 50 camas: exigencia de acreditación en SPDs y ofertarlo a menos de 20 euros/paciente/mes, etc.. Unos requisitos que provocaron que solo el 20 por ciento de las farmacias andaluzas presentasen solicitud para realizar el servicio, el cual se adjudicaba por concurso en función de un baremo de méritos.
