Si hubiera que definir la acción del Ministerio de Sanidad en un sólo proyecto este no podría ser otro que conseguir que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Dolors Montserrat ha tomado las riendas de una iniciativa que tiene connotaciones más allá de la sanitaria pero cuyo eje es objetivamente responsabilidad de su cartera. Si la ciudad condal termina siendo elegida en el mes de noviembre será una victoria del Ejecutivo central en general pero de Montserrat en particular.
Son muchos los esfuerzos realizados por la ministra tanto dentro de España como en las instituciones europeas. 22 países son los que se presentan como candidatos para albergar la EMA. Montserrat ha destacado que hasta ahora las agencias se habían decidido por motivos basados en aspectos políticos. En cambio, ahora se ha hecho un proceso con criterios técnicos, objetivos y transparentes. Según la titular de Sanidad, Barcelona cumple con los tres puntos más importantes que se evalúan para acoger la EMA. “Mantener y garantizar la seguridad de los pacientes europeos, mantener el talento humano de la EMA y garantizar con rapidez la continuidad del trabajo que hace la agencia mientras se traslada”.
La maquinaria ministerial, sin embargo, ha dejado aparcados algunos temas centrales para el sector farmacéutico. El más llamativo es el Real Decreto de Precios y Financiación. El cambio en la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia adelanta un nuevo retraso también motivado por las alegaciones y peticiones del sector. El texto es importante para el abordaje de la innovación pero también para la decisión de precios y la regulación de los medicamentos biosimilares. Se baraja la inclusión de un medidor de la innovación y la instauración de modelos de financiación que tengan en cuenta los efectos reales de los medicamentos más allá de los resultados en ensayos clínicos. Respecto a los biosimilares, se espera que se encuentre el punto intermedio entre su capacidad de ahorro y sus características intrínsecas que impiden la sustitución automática en los tratamientos.
Este Real Decreto, si finalmente ve la luz, marcaría el devenir parlamentario. Hoy por hoy, y a diferencia de la legislatura anterior, esta fórmula legislativa tendrá que contar con el aval de la mayoría de partidos políticos al carecer el Partido Popular de mayoría absoluta. La casualidad puede dar la situación de que conviva su discusión en el parlamento con las iniciativas de los grupos en materia de acceso.
El Ministerio de Sanidad también ha tenido su actividad en la relación con las comunidades autónomas. El pasado mes de junio se celebró el primer Consejo Interterritorial de la legislatura. Fue una reunión que en términos sanitarios concluyó mejor que en términos políticos. El único pero atribuible a Montserrat fue la no aprobación de un nuevo reglamento porque las comunidades autónomas lo rechazaron por injerencias competenciales. Habrá segunda vuelta —y puede que hasta tercera— previa discusión en la Comisión Delegada.
Por último, también hay otro debe en el Ministerio de Sanidad: la firma de pactos tanto con los pacientes como con algunas patronales que esperan su turno. El primero de ellos, además, tiene doble mandato. Por un lado, ya existe un compromiso desde la legislatura anterior y por otro el Congreso de los Diputados impulsó una proposición para que se certificase ese pacto. En el caso de las patronales, Aeseg, Fenin y Biosim esperan poder poner su rúbrica en los pactos por la sostenibilidad del sistema sanitario.
