Todo apunta a que el acuerdo que vincula el gasto farmacéutico a la evolución del PIB saldrá adelante pero con modificaciones. Así lo ha confirmado la patronal de la industria farmacéutica innovadora española, Farmaindustria, que trabaja ya con los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social “para dar continuidad al Convenio de Colaboración suscrito entre ambas partes”. Así, ambas partes esperan poder cerrar el nuevo acuerdo en un plazo de tres meses, tal y como ha puntualizado la patronal.
El pasado 18 de diciembre la propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguraba durante su intervención en el Foro Nueva Economía que aún sigue evaluando el Pacto-PIB y viendo su alcance antes de decidir qué dirección tomar. “No hace falta decir que el SNS está claramente vinculado a la industria farmacéutica. En 2017, el gasto total en productos farmacéuticos y sanitarios en nuestro país superó los 21.000 millones de euros. En 2016, el gasto farmacéutico representó el 1,6 por ciento del PIB. Supuso un 18 por ciento sobre el total de la inversión sanitaria, superando a Francia y Alemania”, indicó Carcedo durante su ponencia.
Por todo ello, y tal y como ha asegurado la patronal, ambas partes trabajan en este acuerdo de cara a incorporar “los cambios que se consideren necesarios en un plazo de tres meses, con el objetivo compartido de conciliar la sostenibilidad y calidad del sistema sanitario público con el acceso de los pacientes españoles a los medicamentos que necesitan”.
El convenio establecido entre Gobierno e industria se puso en marcha en noviembre de 2015. Los por entonces ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Sanidad, Alfonso Alonso, firmaron un acuerdo cuyo objetivo final era hacer más accesible y sostenible el Sistema Nacional de Salud. Así, el convenio original estipula que si el gasto supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB, pero no alcanzara la tasa de crecimiento del PIB nominal, la industria tendrá que compensar al Gobierno de manera no monetaria. Pero, si el gasto farmacéutico superase la tasa de crecimiento del PIB nominal, las compensaciones de la industria al Estado serán monetarias.
Por otro lado, si el gasto farmacéutico no llega a superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo el Gobierno, tal y como estableció en 2015, compensará a la industria farmacéutica. Eso sí, el entonces ministro Alonso aseguraba que no sería una compensación monetaria.
El primer documento firmado por todas las partes establece, además, que “a partir del momento en que se disponga de la información suficiente que anticipe que al final de cada año de aplicación se vaya a producir un incumplimiento de los objetivos, en el marco del protocolo se acordarán medidas correctoras”. Unas medidas que se establecen en la Comisión de Seguimiento del Protocolo, que cuenta con la presencia de dos representantes del Ministerio de Hacienda, dos de Sanidad, dos de Farmaindustria y un representante por cada una de las comunidades autónomas adheridas al pacto.
¿Pagos en 2018?
Hasta ahora el acuerdo no se ha traducido en desembolsos económicos por parte de la industria, pues el gasto no ha sobrepasado los límites establecidos. Sin embargo, tal y como aseguró el pasado mes de noviembre Félix Lobo a EG, profesor emérito de la Universidad Carlos III, de Madrid, según sus cálculos, en 2018 “podría surgir obligación de devolución por parte de la industria farmacéutica de una cuantía económica que podría oscilar de entre los 150 a los 300 millones de euros”.
Entonces, Lobo aseguró a este periódico que “con los datos que disponemos referentes al gasto farmacéutico de los primeros ocho meses del año, todo apunta a que este podría registrar un crecimiento por encima del 5 por ciento —al que habría que descontar a los genéricos— , mientras que el incremento del PIB se estima que se sitúe en un 2,7 por ciento”.
Así, aunque el nuevo acuerdo entre ambas partes introduzca cambios sustanciales, si los cálculos realizados por el economista se cumplen sería el primer año que la industria farmacéutica tendría que compensar económicamente al Estado.
