Alberto Cornejo Castellón | viernes, 21 de octubre de 2016 h |

Es público y notorio que el primer documento que sustenta el Plan Nacional de Adherencia presentado recientemente por Farmaindustria ha dejado cierto sinsabor en la profesión farmacéutica, al menos en el ámbito de la oficina de farmacia. Si bien los detalles prácticos del plan se siguen negociando, no se considera que, a día de hoy, el proyecto reconozca el papel fundamental que debe jugar la farmacia comunitaria en el correcto cumplimiento terapéutico.

“Todos confiamos que el texto final tenga en cuenta el papel de la farmacia y no se nos relegue al último escalón”, opinó al respecto Rosa López-Torres, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en una mesa debate que abordó la adherencia celebrada en la última jornada (viernes 21 de octubre) del XX Congreso Nacional Farmacéutico. La tesorera del CGCOF recordó que desde el Consejo se siguen proponiendo “continuamente” nuevas redacciones de este documento para revertir este sinsabor, sin que ello paralice otros proyectos particulares en los que ya trabaja la Organización Farmacéutica Colegial. Es el caso de su próximo proyecto de alcance nacional ‘AdherenciaMed’ que adelantó en exclusiva EG (ver EG nº 762).

También desde la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) —otras de las entidades que han dado su firma inicial a este Plan de Adherencia de Farmaindustria—, se piden cambios. “Con el documento actual, y mientras no se potencie el papel de la farmacia comunitaria, se van a perder por el camino muchos pacientes incumplidores”, valoró en esta mesa Jesús C. Gómez, su presidente. Para Gómez, sin esa participación activa de la farmacia comunitaria el plan podría considerarse “una mentira”.

Por ejemplo, una de las cuestiones que no gustaron inicialmente —y que se habría logrado revertir tras las conversaciones con la patronal de la industria innovadora—, es que la labor asistencial y de adherencia en el ámbito de la Atención Primaria se quisiese delegar en el farmacéutico de Atención Primaria que ejerce su labor en centros de salud. En este sentido, el presidente de Sefac es tajante: “En el ámbito de la Atención Primaria esa labor debe hacerla la farmacia comunitaria”. A su juicio, otra de las “líneas rojas” a tener en cuenta para no hacer de esta iniciativa una “chapuza” es que se debe permitir a la botica la dispensación y el seguimiento de medicamentos de Diagnóstico Hospitalario e innovaciones, así como llegar al domicilio del paciente dependiente.

Precisamente, hablando de pacientes, Mercé Martí, presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care y también participante en esta mesa, solicitó que cualquier proyecto que busque la mejor adherencia terapéutica “involucre” a los pacientes.

La inacción de Sanidad

Guste más o menos, sea más o menos modificable, se debe agradecer —y se agradece— este intento de la industria farmacéutica por aportar su grano de arena en la lucha contra el incumplimiento terapéutico, uno de los males del SNS, que ‘tira por la borda’ más de 11.500 millones de euros. También son plausibles, y más abundantes, las iniciativas en aras de la adherencia lideradas por la profesión farmacéutica, existentes (Adhierete, Revisa, etc.) o por existir (en citado ‘AdherenciaMed). Proyectos que demuestran “que el papel del farmacéutico mejora la adherencia”, recalcó la presidenta de Pharmaceutical Care.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo desde el ámbito de la Administración. Al menos no de forma homogénea y/o de alcance nacional. En este sentido, la tesorera del CGCOF valora ciertas estrategias autónomicas existentes en Cataluña y Baleares, pero reclama “más protocolos avalados por la Administración y que no sean diferentes en cada región. Diversas experiencias internacionales, como en Reino Unido o Australia, pueden servir de espejo en el que mirarse, apuntó López-Torres.

Su compañero en esta mesa debate fue más duro con la inacción del Ministerio de Sanidad en estrategias globales de adherencia terapéutica, reclamando decisiones “ya”. “La falta de adherencia nos cuesta 11.500 millones de euros a los ciudadanos y no puedo criticar el plan, porque no hay ninguno, criticó Gómez”.