El 4º Congreso de Autocuidado también tuvo su espacio para debatir sobre una de las polémicas más actuales: las barreras de acceso que sufren los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en algunas comunidades autónomas. Para analizar la problemática, el Congreso contó con Manuel Moya, miembro de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes), Lorenzo Silva, vicesecretario de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Julio Agredano, presidente de Freno al Ictus, y José Luis Llisterri, presidente de Semergen. “Estos medicamentos suponen un gran avance”, coincidieron los expertos,
Llisterri advirtió que si a un paciente le iba bien con esta última terapia no era necesario cambiársela. “Que se administre con cautela pero que esto no signifique que la administración se olvide de este avance terapéutico”, advirtió al tiempo que aconsejó ir “al gap de los pacientes mal controlado”. Moya también aseguró que desde las administraciones también se asegura que los anticoagulantes orales suponen un riesgo para los pacientes que van a ser operados. “Es simplemente una excusa”, añadió. Por su parte, Silva señaló que el último Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) existían pautas con las que no estaba de acuerdo su sociedad “y pediremos cambios”.
Menos que Grecia
En muchas ocasiones el Gobierno de España ha usado las comparaciones para explicar la pertinencia de sus políticas y su incidencia en la recuperación económica. Dos de los países (por sus realidades) que se han utilizado con mayor frecuencia han sido Portugal y Grecia. Pues precisamente las complejidades económicas de estos países no han mermado el acceso de los pacientes a los anticoagulantes orales de acción directa. Portugal dispone de una cuota de mercado del 63 por ciento y Grecia del 69 por ciento.
La realidad en España, sin embargo, es bien diferente. La cuota de penetración de estos medicamentos es del 26 por ciento. Y este es un dato que refleja la media nacional porque nuestro país se enfrenta además a otra problemática: la inequidad entre comunidades autónomas. Alguna como Madrid no alcanzan ni siquiera el 20 por ciento de penetración en los anticoagulantes orales mientras que otras limítrofes como Castilla- La Mancha lo pueden prescribir desde Atención Primaria.
